Salarios y pacto social... o mejor, salarios e inflación

Lucas (ex Rollo) escribió sobre salarios e inflación. Armó un lindo grafiquito de curvas donde intenta captar con el modelo de expectativas racionales el impacto de un “Pacto Social”. Para ello arma una curva de inflación “esperada” por los sindicatos, es decir, en función de la cual “ajustarán” sus demandas. Arma, además, otra curva de inflación real. La conclusión: “¿Es inviable entonces un Pacto Social? Lo que debería quedar claro a estar altura es que sin mover la línea azul no hay Pacto Social posible” (Lucas dixit). Se entiende por "pacto social" algo así como un acuerdo entre el gobierno, empresarios y sindicatos acerca de los aumentos salariales. En fin, que la muchachada organizada se quede tranqui.

Pero… el problema del “modelo” está (cómo suele pasar) en un supuesto (no demasiado) implícito: que los salarios, mejor dicho, que los aumentos de salarios inciden sobre la inflación. "Según cuál sea el aumento salarial, habrá una determinada inflación. Desde luego, la inflación no depende solamente de los aumentos de salarios, pero obviamente influyen, tanto por costos como por demanda." (dice Lucas).

¿Hay relación entre salarios e inflación? Planteado de manera más elegante: ¿existe una correlación significativa entre ambas variables? Asi que, tratemos de aproximarnos muy superficialmente a la cuestión.

Veamos: acá están los gráficos de las tasas de variación del IPC (INDEC) y del IVS del sector privado registrado y el sector público (los que uno entendería que están más encuadrados en organizaciones gremiales) entre noviembre de 2001 y abril de 2010.

No parecieran moverse ni parecido...

Veamos: además, acá están las correlaciones entre las tres variables. Bajas, por no decir nulas. Y además, no significativas ni a un p-valor del 0,1.

0,13 entre el la tasa de variación del IPC y la de los salarios privados registrados y -0,091 (NEGATIVA) entre la misma tasa del IPC y la de los salarios públicos registrados.

Para los que se pongan quisquillosos van las mismas correlaciones, pero hasta diciembre de 2006. O sea, antes de la “patota interventora, violenta y truchadora”.

Lo mismo. No hay correlaciones significativas.

Quizás sea una burrada de sociólogo. Pero así a la que te criaste no pareciera haber demasiada relación. Pero lo cierto es que tampoco dan si uno arma un modelito VAR con varios rezagos… algún día expondremos esos resultados…

Eso nomás.

La distribución ¿funcional? del ingreso (1)

Volvemos al ruedo después de demasiado tiempo, intentando revitalizar el blog y, por si fuera poco, en condiciones de gran tristeza. No vamos a ahondar al respecto; sobresalientes, excelentes, buenas, regulares, malas y pésimas necrológicas han aparecido en la blogósfera como para andar sumando todavía más letras al dolor –de la mayoría- y a la alegría –de la minoría-.
Extrañamente, nos pegó la inspiración (no demasiada, tampoco se vayan a creer) en este momento triste. Vamos a plantear la cuestión directamente: se ha planteado repetidamente que uno de los logros de este gobierno ha sido las sustanciales mejoras en la distribución del ingreso (en ambas “mediciones”: personal –Gini- y funcional –salarios/VAB). Así es que nos metimos a revolver en esta cuestión.
Empezando a revisar algunas discusiones alrededor de estos temas es que se nos han presentado una serie de problemas, digamos, teórico-metodológicos. Nos pareció interesante intentar poner algunos de estos problemas por escritos, compartirlos, en este primer momento de aproximación al problema y al mismo tiempo en que van surgiendo, momento que uno podría llamar “desprejuiciado”. Lógicamente, el avance posterior podrá confirmar, refutar o considerar irrelevantes estas disquisiciones.
Comenzando a avanzar un poco sobre parte de la literatura sobre la distribución funcional (DFI) nos ha surgido un problema, una duda, una inconsistencia o como quieran llamarla. La DFI (o “Cuenta de Generación del Ingreso”, según el INDEC) consta de (según el enfoque y las fuentes disponibles) de al menos dos partes: la remuneración al trabajo asalariado (RTA), también llamada desde otros trabajos “participación del trabajo en el producto” y la retribución al capital.
Recordemos que la RTA (por ejemplo, acá, acá y acá...) se calcula a partir del ratio entre la “masa salarial” y alguna medida del producto para un período t. La masa salarial, a su vez, se obtiene como el producto entre los asalariados ocupados y el salario medio en ese momento t. Este cálculo puede efectuarse a diversos niveles de desagregación (por rama, por provincia, por sector “institucional”). Lógicamente, existen supinas diferencias entre las diversas maneras de calcular todos estos indicadores.
Ahora bien, conceptualmente la RTA intenta cuantificar la participación de a) los “salarios” en el producto o bien b) del “trabajo” (que se asume como sinónimo de “trabajadores”) en el producto. He aquí el problema: nos hacía (nos sigue haciendo) ruido la manera en que se construye la RTA. Más específicamente, nos hacía ruido (nos sigue haciendo) las diferentes fracciones sociales que se incluyen bajo la categoría “asalariado”.
En efecto, el concepto de asalariado que utiliza el MECON para su cálculo de la RTA (y que palabras, palabras menos es el mismo en todo el Sistema Estadístico Nacional) es: “Existe una relación entre el empleador y el asalariado cuando hay un acuerdo, que puede ser formal o informal, entre una organización y una persona, normalmente voluntario para ambas partes, en virtud del cual la persona trabaja para el empleador a cambio de una remuneración en dinero o en especie” (tomado de acá). He aquí un concepto lo suficientemente ambiguo como para que se cuelen, se mezclen, se fundan cosas bien distintas.
Si lo pensamos con cierto detenimiento veremos que bajo la categoría de “asalariados” se subsumen una serie de fracciones y relaciones sociales bastante diferenciadas. Para no hacer demasiado larga la discusión, diremos que en un “extremo inferior” los trabajadores no calificados de ramas industriales (lo que uno llamaría el “núcleo” de la clase obrera industrial”) y como un “extremo superior” los directivos, gerentes, funcionarios de las grandes empresas de capitales “grandes” e incluso, los altos funcionarios del aparato del estado. En el “medio” encontramos a los “profesionales asalariados” (médicos, abogados, contadores, que no ejercen “por su propia cuenta”, sino que lo hacen en una empresa y recibiendo una remuneración).
Difícilmente podrían considerarse a grupos tan diversos como asimilables entre sí. Esta distinción no es antojadiza, sino que sobre la misma (y, obviamente, sobre otras) se fundan los debates contemporáneos (y no tanto) respecto a la evolución moderna de la(s) estructura(s) social(es) del capitalismo moderno. Toda esta discusión puede resumirse esquemáticamente en una pregunta: ¿son los gerentes, directivos y altos cargos gerenciales empresariales parte de la “clase trabajadora” o de la “burguesía” (patronal, empresarios, o como quiera conceptualizársela)? Acá, se resumen (con ciertos sesgos) algunas de estas discusiones.
Se trata entonces de plantear que “directivos” y “trabajadores” se insertan en diferentes relaciones sociales. Efectivamente: no existen en la estructura social, solamente posiciones “capitalistas” y “asalariadas”. Existen toda una serie de posiciones, que a falta de un término mejor, llamaremos “intermedias”, las cuales, si bien se encuentran articuladas al proceso general, tienen una serie de especificidades que hacen difícil asimilarlas a uno u otro polo.
Es por ello que incluir en un mismo grupo trabajadores y directivos resulta problemático a los efectos de evaluar el peso del “trabajo” sobre el producto. En realidad, creemos, el problema es más teórico que metodológico. Si se parte de la noción de los “factores de la producción”, dónde cada factor se retribuye: el trabajo (con salarios), el capital (ganancia), la tierra (renta) no tenemos problemas.
Pero hete aquí que, justamente, lo que no logra ver éste enfoque es la diferencia entre “trabajo” y “fuerza de trabajo”. Si de “trabajo” se trata, los empresarios también trabajan y lo mismo los (mal conceptualizados) cuentapropistas. Aquí debe hacerse la distinción entre las diversas “funciones” del trabajo. La misma denominación del indicador (“funcional”) debería advertirnos de este problema. La “fuerza de trabajo” o “capacidad para trabajar” es una cosa bien distinta. No entraremos (en este blog) en una discusión que ha ocupado 100 años. Nos limitaremos a plantear como hipótesis que el gerente no vende “fuerza de trabajo”, sino que, a lo sumo, proporciona un servicio (gestionar uno o varios procesos complejos de producción, cuyo fundamento es su capacidad, su conocimiento, su “managment”).
Es claro que desde la perspectiva “empresarial” ésta distinción es ociosa. Tanto salarios pagados a los trabajadores como remuneraciones a los gerentes constituyen desde el punto de vista de la contabilidad “costos”. Sólo importan en tanto tales y como “erogaciones” que debe realizar la empresa.
Se nos dirá, “ésta es una visión sociológica del asunto que en términos ´cualitativos´ funciona muy bien, pero a los efectos de lograr una cuantificación resulta problemática”. Sin entrar en discusiones metafísicas en torno a la “calidad” y la “cantidad", diremos que lo aquí planteamos no invalida una cuantificación del peso de la masa salarial en el producto y, como tal, un indicador del peso de los trabajadores en la economía nacional. Solamente se propone plantear el problema y pensar en alguna forma que permita “depurar” el cálculo y dotarlo de una mayor validez; es decir, que se adecue mejor al concepto que intenta medir/cuantificar. Quizás hace 30 años resultaba complejo (e incluso imposible) lograr esta diferenciación, pero hoy existen una cantidad de datos que deberían permitir una aproximación al problema: las bases de la EPH constituyen un primer insumo fundamental.
Sin embargo, los problemas no son sólo teóricos. Si bien es presumible que el peso numérico de estas fracciones gerenciales sea relativamente bajo, cabe pensar que los “salarios” que perciben se encuentren entre los mayores de la estructura social argentina. De esta manera, cabe plantearse ¿cómo se modificaría la RTA si se excluyeran de su cómputo las remuneraciones de estos sectores gerenciales? A los efectos de no quedarnos en la “crítica estéril” presentamos el siguiente cuadro:
Se exponen algunas medidas descriptivas del ingreso de la ocupación principal de los asalariados del total de los aglomerados urbanos, calculados en base a la EPH. Para que no jodan con “la intervención” del INDEC, los hemos calculado sobre los microdatos del 4to. trimestre de 2006 (es decir, previo a la “patota violenta e interventora”).
Como puede verse, todas las medidas de tendencia central muestran que los ingresos de las ocupaciones directivas y profesionales resultan claramente superiores a los de las ocupaciones técnicas, operativas y no calificadas. La media de las remuneraciones de las ocupaciones de dirección es de $2700, la de los profesionales de $1393. En cambio, las de los asalariados operativos y no calificados, de $1016 y $498, respectivamente.
No sólo eso. Si calculamos la participación de los dos primeros grupos de ocupación en el ingreso total, veremos que aportan el 15,1%, es decir, que casi igualan la participación de los asalariados no calificados (14,5%). Esto se convierte en indicador de la importancia de estos sectores. Y nos provee un indicador del peso de éstos sectores en el total de “salarios” erogados en la economía argentina.
“Conclusión”: si uno deseara utilizar la RTA como aproximación a los “costos”, como aproximación a los “coeficientes técnicos” de la economía, puede utilizarse tal y como está calculada. Si, en cambio, se desea estimar la participación de los trabajadores, entonces debería repensarse la forma de construcción de éste indicador, al menos, para aislar el efecto que tiene los directivos sobre esta participación. Estamos preparando unos calculitos que intentarán aportar más elementos empíricos a estas cuestiones. En cuanto estén, los subiremos, como siempre…